La tasa española de temporalidad en el trabajo ya triplica la media europea, con un nivel de casi el 32% frente al 12% de sus socios de la UE. Estamos hablando de la tercera parte de la población activa. ¿No es demasiado? Nunca nada parece demasiado cuando se deterioran los derechos de los trabajadores. Se calcula que harán falta 40 años para recuperarse de esta enfermedad, siempre que esta clase de contratos no aumenten y que, a la vez, los indefinidos mantengan un ritmo de crecimiento del 2,5% anual. Son las conclusiones de un estudio publicado esta semana por el sindicato UGT, que detalla cómo la temporalidad laboral acaba con las expectativas y la salud de muchos trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres. Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal revelan que el pasado mes de abril solamente el 10% de las contrataciones firmadas fue de carácter indefinido, lo que significa que en la actualidad sólo 1 de cada 10 trabajadores consigue una cierta estabilidad. Alarmante.

Mientras la gallina pone huevos, ningún problema; pero cuando los trabajos temporales —que son el resultado y no la causa de un modelo productivo— comienzan a afectar seriamente la competitividad de las empresas, la cuestión ya es otra y, probablemente, la patronal comenzará a quejarse hipócritamente de qué el gobierno no ha aplicado las medidas necesarias para “regular” (o sea, depreciar) el mercado laboral, cuando en realidad han sido las propias empresas las que no han invertido en formación, consolidación y especialización de su personal.

Hoy padecemos los costes laborales comunitarios más bajos de la Europa de los 15, del orden del 75% de la media de la UE, y sin embargo se pierde competitividad respecto a países con costes laborales mucho más altos. Esto quiere decir que no tenemos un problema de costes, sino que perdemos competitividad porque las empresas y el Estado no incentivan ni invierten lo suficiente en innovación tecnológica, en desarrollo y en cualificación de las personas.