Las emisiones de dióxido de carbono (CO2), causantes del efecto invernadero, han crecido en España por encima del 40% sobre el nivel de 1990, de acuerdo con el inventario anual al respecto que hicieron público la semana pasada el sindicato Comisiones Obreras y el instituto Worldwatch; un nivel que supera el 15% fijado por la UE con el fin de no alejarnos de los acuerdos del Protocolo de Kioto sobre cambio climático. Del 2003 al 2004 el aumento se minimizó en un 0,7%, pero es preocupante que no se haya consolidado una tendencia a la reducción, ni mucho menos. Todo lo contrario.

Uno de los mecanismos para cumplir con Kioto es el mercado de emisiones de gases: no se obliga a las empresas a contaminar menos pero «se incentiva» a hacerlo, de forma que si emiten gases por bajo del límite que tienen establecido pueden poner en venta sus derechos a contaminar a otras empresas que lo necesitan y ganar dinero con esto. Qué peligro. Teóricamente, esta flexbilización del protocolo de Kioto tendría que tener unas repercusiones en la industria en cuanto a mejoras del medio ambiente que no acabamos de ver satisfechas. Ni de lejos. Comprobamos, en cambio, que el precio de la tonelada de dióxido de carbono duplica la cotización de principios de año… ¿Y por qué? Porque existe un aumento de la demanda de derechos de compra de CO2. Es decir: que las empresas “necesitan” contaminar más para mantener su crecimiento. Entonces, ¿algo no marcha bien, no?

Permitir a los países ricos unas emisiones superiores a las sostenibles no es ningún compromiso ecológico, y la injusticia no hace sino crecer tras la puesta en marcha del comercio de emisiones. No es menos injusto que esta flexibilidad otorgada al mercado de emisiones posibilite que, en países como España, sectores económicos que no tienen otro objetivo que forrarse a corto plazo pero que sobradamente pueden financiarse todos los excesos que deseen, hagan muy poco, por no decir nada, por cambiar su orientación energética hacia una mayor eficiencia y el desarrollo de energías limpias.