El gobierno español piensa que sería conveniente la creación de una ley para un control eficaz de las religiones en España. Imprudentemente, y como si las leyes lo pudieran arreglar todo (otra creencia, otra religión), no ha tardado el nuevo y novato ministro del Interior, José Antonio Alonso, en relacionar religión, etnia y terrorismo, al hacer hincapié en la necesidad de regular la vigilancia de los sermones de los imanes de las pequeñas mezquitas ibéricas y que su doctrina «no se aproveche para fines ilícitos y, en particular, actividades terroristas», dijo.

No me parecería tan irresponsable la medida si la propuesta se hubiera realizado de la siguiente forma: 1) por los cauces institucionales establecidos y no a través de un medio de comunicación afín, algo a lo que ya nos quiso acostumbrar el gobierno anterior; 2) con el rigor, la cautela, la sensibilidad y la seguridad que exige una proposición de esta magnitud a causa de las características y la cantidad de comunidades afectadas; 3) si no diera pie a polémica, seguramente interesada, ni tampoco, por su ligereza argumental, a pensar en su probable inconstitucionalidad, por su colisión con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad religiosa; 4) si se tomara en consideración la promulgación de una ley que abordara una cuestión pendiente en la democracia española: el laicismo del Estado y 5) si el ministro anunciara con el mismo vigor la aplicación de estas medidas a todas las catedrales, basílicas, iglesias, vigilando los sermones de obispos y otros clérigos (no menos fundamentalistas) que en vez de predicar la palabra de Cristo, montan mítines políticos en templos cristianos (con cámaras de televisión y representación política) y, entre otras cosas, llaman bárbaros a los que no han hecho más que refrendar la voluntad de los ciudadanos.

Quisiera pensar que el ministro se planteó estos cinco puntos antes de abrir la boca, pero lo dudo. Me temo que existe el interés, totalmente irresponsable, de mantener la cuestión del terrorismo islamista en primera línea (¿de fuego?), independientemente de las consecuencias que de ello se deriven. ¿Por qué, si no, esa insistencia en llevar el asunto a los medios de comunicación? Más todavía: si estas medidas del ministerio entran a formar parte, radicalmente, del Pacto Antiterrorista, convirtiéndose en un pacto anti-islamismo como ya ha venido siendo un pacto anti-nacionalismo, el problema es mucho más grave de lo que creíamos. Como en la anterior legislatura, también existe ahora el peligro de que el fundamentalismo, sea religioso o ideológico, se instale también (más todavía) en los ministerios.

PD. Es probable que si comienzan a vigilar mezquitas, pronto comiencen a vigilar blogs, si no es que ya han comenzado (!).